Qué tristeza da una sociedad que para impedir que se excluya al 24% de la población residente de facto de una localidad debe de recurrir a las leyes. Dice muy poco de su base ética. Más triste es aún pensar que la ley pueda respaldar semejante hecho, y si da lugar a ello habrá que reflexionar sobre qué rumbo tomó una norma recién modificada, y cuál es la percepción de la misma, no sólo ya entre la población general, sino lo que es más grave todavía, entre las personas con responsabilidad política y por tanto con repercusión pública en la definición y gestión del bien común. Una primera mirada a los acontecimientos acaecidos en el municipio de Vic nos hace ser conscientes del sentido utilitarista que tenemos de las personas y de la condición de ciudadanía; en este caso un colectivo de personas ciudadanas a las que ponemos el apellido de “inmigrantes o ilegales”. Intento destacar en primer término que son personas ciudadanas, el apellido inmigrantes es una circunstancia temporal,aunque otra de los aspectos que constatamos es que nadie sabe cuando uno deja de ser inmigrante. En esta sociedad se está dando más importancia a la circunstancia, el hecho de ser inmigrante, que a lo nuclear, ser persona. La circunstancia define la categoría de ciudadanía, y por lo tanto a los derechos y deberes que puedes y debes acceder como ser humano. Si se da la circunstancia de que eres persona – inmigrante – te corresponde ser ciudadano de segunda.
Este 24% de la población sólo sobra cuando llegan las vacas flacas, ya no es útil, dejan de ser personas para convertirse en inmigrantes. Hasta ese momento era nuestro vecino, el que cuidaba a mi abuelo, la mujer de la tienda de ultramarinos,mi profesor o profesora… Ahora son los extranjeros inmigrantes, los últimos que han llegado, los ciudadanos de segunda. Personas que en estos momentos de crisis son las primeras que sufren las consecuencias por ser las más vulnerables; personas que han demostrado su capacidad de adaptación al nuevo medio y cultura, personas que han cumplido sus deberes y obligaciones como ciudadanos en la mediada que legalmente se les ha permitido (no es algo que ellos deciden sino la administración) y exigido (como todo ciudadano); son a los que ahora administrativamente no e les quiere ver y para eso qué mejor que cerrarles el acceso al empadronamiento (aunque ya se haya planteado que no es posible y la ley no lo permite, me preocupa el hecho, el que se haya llegado a plantear).
Cerrar el acceso al empadronamiento supone administrativamente negar la existencia de esas personas y vecinas. Es mentir, cerrar los ojos,pero sólo cuando interesa desde esa comprensión utilitarista de las personas. Genera indefensión, desconfianza en la administración que es capaz de categorizar colectivos en situación de vulnerabilidad para poder excluirlos y desde luego preocupación por saber, en el próximo período de vacas flacas, qué “apellido” de colectivo, como por ejemplo “discapacitado” o “alzheimer”, será propuesto como chivo expiatorio para poder gestionar la crisis sin tener que hacer política con mayúsculas. Porque nadie dijo que gestionar el bien común en tiempo de crisis fuera tarea fácil o simple, pero tampoco en ningún sitio está escrito que situaciones complejas puedan gestionarse de manera tan simple, tan poco política, y tan excluyente. Esperemos que a partir de esta situación podamos reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, donde todos podamos participar en igualdad de condiciones, los derechos y deberes sean iguales para todos, y los servicios sociales desarrollen herramientas que protejan efectivamente a los más vulnerables, a través de una administración que nos vea como personas sin apellidos.
