SOBRE PENSIONES Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
La semana pasada se presentó en Bilbao el estudio “Población, empleo y pensiones en la CAPV” dirigido por Joseba Madariaga bajo los auspicios de Caja Laboral. Fue una sesión interesante e instructiva en la que, además del director del estudio, asistimos a sendas alocuciones por parte del representante de una empresa consultora y del viceconsejero de trabajo y seguridad social del Gobierno Vasco. La pregunta sobre la mesa se podría formular de manera resumida en los siguientes términos: ¿quién va a pagar las pensiones de una creciente población jubilada en un contexto de decreciente población activa? Se trata este de un tema crucial en nuestras sociedades, ya que apunta a uno de los núcleos del estado de bienenestar, concretamente a aquel que encarna la solidaridad intergeneracional. Es decir, de qué manera las generaciones en edad de trabajar contribuyen al mantenimiento y bienestar de quienes ya dejaron atrás sus ocupaciones laborales.
Sobre pensiones e inmigrantes
Como bien sabemos, este es un tema recurrente, en el que no es difícil recordar declaraciones de responsables políticos, normalmente aludiendo a la insostenibilidad del sistema, a la necesidad de retrasar la edad de jubilación o de avanzar hacia un sistema de capitalización individual. Por cierto, que el último en subirse a este carro ha sido el nuevo asesor económico del presidente Zapatero, David Taguas, quien al igual que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, proviene del departamento de estudios del BBVA.
El estudio de Caja Laboral es un ejercicio de proyección de escenarios manejando varias hipótesis en relación a la evolución de la población (natalidad, mortalidad, inmigración), del empleo (tasa de actividad, de desempleo, etc.) y de la generosidad del sistema de pensiones (si crecen o no al ritmo de la productividad o su peso en el PIB). Aunque en la presentación el autor no descendió a recomendaciones políticas concretas uno de los elementos que mencionó fue la necesidad de activar políticas demográficas, esto es, en el ámbito de la fecundidad y de la inmigración, proactivas. Sin embargo, el consultor de la firma “People Matters” – Alfredo Jimeno- fue muy explícito a la hora de recomendar entrar sin dilación en la dura pugna internacional que existe hoy por captar “talento internacional”, es decir, por atraer trajadores extranjeros cualificados. Del mismo modo, el viceconsejero vasco abundó en esta idea de convertir al país en un destino atractivo para dichos profesionales y sus familias. Por cierto, no hace mucho tiempo, también desde el departamento de educación de nuestro gobierno se aludía a la necesidad de traer estudiantes y trabajadores de Formación Profesional de países del Sur ante la gran demanda no cubierta por autóctonos existente en nuestro tejido empresarial.
A la luz de estos planteamientos, hay una primera reacción que puede surgir. De hecho, así sucedió en el acto al que me estoy refiriendo. Una persona del público, representante de una conocida organización de apoyo a personas refugiadas e inmigrantes, hizo una lectura en positivo, al entender que la situación descrita hacía que como sociedad tuviéramos que ver una oportunidad en el fenómeno de la inmigración, una necesidad para el mantenimiento de nuestros estándares de protección social. No fue una respuesta directa a este comentario, pero más adelante el representante de la consultora dejo caer que los y las inmigrantes de baja cualificación en realidad cotizan muy poco, es decir, contribuyen con cantidades modestas al mantenimiento del sistema, y que, en términos generales, es posible que en el medio plazo terminen pasando tantos o más años entre nosotros como jubilados que como trabajadores activos. La clave, al parecer, estaría en traer a gente cualificada, que nos hagan ser más productivos y competitivos en los mercados mundiales y que, de paso, contribuyan a pagar las jubilaciones. Y para el caso de los trabajadores no cualificados, habría que avanzar hacia la selección en origen, en la que una empresa y las autoridades locales acuerdan los términos, las condiciones y el plazo del trabajo, finalizado el cual, los y las trabajadoras son repatriados. Así que no es difícil sacar la conclusión que aquí se está hablando de tener un control cada vez más estricto sobre los flujos migratorios de los no cualificados y pelearse por los “más listos”.
¿Y qué pasa con los países de origen?
Una reflexión ausente en este debate es el efecto que este tipo de políticas activas de atracción del talento tienen sobre el desarrollo de los países de origen. Este es un asunto espinoso, ya que podría darse el caso de que las políticas activas que se proponen para sostener la solidaridad intergeneracional sean políticas altamente nocivas para el desarrollo de los países de origen, es decir, enemigas de la solidaridad internacional. De hecho, para algunos sectores especialmente sensibles como la sanidad, la propia Unión Europea ha establecido un código de conducta que recomienda no atraer activamente a profesionales de la salud de países que atraviesan importantes crisis sanitarias. Se suele citar el ejemplo de que hay más médicos y enfermeras de Ghana en el sistema de salud de Londres que en su propio país. ¿Es éticamente presentable atraer este personal en países donde el SIDA hace estragos? Aquí la respuesta es bastante evidente, máxime cuando en algunos países occidentales la carencia de personal sanitario responde, en el mejor de los casos, a una torpeza planificadora y, en el peor, a una política premeditada de recorte del gasto en determinados sectores. Sin embargo en otros ámbitos el efecto sobre los países pueden ser igualmente dañino, pero menos visible, como veremos a continuación.
Frente a esta advertencia enseguida se alude a lo beneficiosa que es la emigración no sólo para los individuos que se embarcan en el proyecto migratorio, sino también para los países de origen, ya que las remesas de los emigrantes se constituyen en importantísima fuente de ingresos para aquellos. Es cierto que las remesas son para numerosos países un ingreso fundamental, entre los primeros, si no el más importante. Muy por encima de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Gracias a ellas se sostienen muchas familias. Sin embargo, pensar que las remesas son una herramienta para hacer frente a los problemas de desarrollo de una sociedad es ignorar la realidad de que uno de los meollos del proceso de transformación de las sociedades, eso que llamamos desarrollo, radica en la capacidad de una sociedad para ir creando un entramado de instituciones (sociales, políticas, económicas) eficaces y responsables. La emigración de personas cualificadas afecta a la construcción institucional de una doble manera. Por un lado, aquellas personas capacitadas por su formación para estar al frente de procesos de reforma institucional desaparecen.
¿Cómo organizar un buen sistema educativo o un buen sistema judicial o un buen sistema de partidos políticos si la gente capacitada se va? Además, a medida que la calidad institucional es peor, los que se quedan van teniendo más incentivos para marcharse. Por otro lado, si la gente preparada se va, ¿quién va a demandar y exigir que las instituciones existentes vayan mejorando?
Por lo tanto, antes de poner en marcha políticas activas y selectivas de atracción del talento, algo a lo que a todas luces se encaminan los esfuerzos de administración y empresas, hay que sopesar el efecto que estas pueden tener en los países de origen a distintos niveles y ver cómo el movimiento de personas puede beneficiar también al país emisor de las mismas. Una política responsable y ética en este sentido ha de ser una que, de una manera u otra, compense a los países por su pérdida de capacidades humanas. Dicho al revés, cualquier política orientada explícitamente a la captación de migrantes cualificados que no incorpore mecanismos de compensación para los países de origen habrá de ser rechazada por criterios éticos básicos de solidaridad internacional. Las remesas, faltaría más, en ningún caso habría que considerarlas dentro de esta categoría de compensación. Entiendo que la cooperación al desarrollo que ya se realiza por parte de los países ricos tampoco, al responder ésta a una obligación ética y a un compromiso político que antecede a la cuestión migratoria. Sin embargo, hay algunas medidas que ya se están sugiriendo para efectuar tal compensación. Se habla de medidas como que las empresas “captadoras de talento” abonen una prima al país de origen o de que se comparta con dicho país el impuesto sobre la renta proveniente de estos trabajadores y otros impuestos sociales, como el de la seguridad social. También hay gente proponiendo incentivar la vuelta al país de origen una vez transcurrido cierto un tiempo, aunque determinadas propuestas en este sentido podrían chocar contra la libertad individual y contra el hecho de que la gente echa raíces. No es un asunto sencillo – ¿acaso alguno lo es? Pero lo evidente es que en este tipo de políticas nos jugamos la poca, mucha (¿ninguna?) decencia que a las sociedades ricas nos queda frente a nuestros pueblos hermanos del Sur.
Post-scriptum
En los años setenta los movimientos de trabajadores de cariz más internacionalista se planteaban crudamente la cuestión de si las clases trabajadoras de Norte estaban explotando a las clases trabajadoras de Sur, en vez de estar unidos luchando en solidaridad. Los y las trabajadoras del Norte habrían entrado de lleno en el sistema de consumo y, de ese modo, a través de las relaciones injustas de intercambio, sostenían su nivel de vida a costa de los trabajadores del Sur. Hoy, a propósito del tema de las pensiones, podríamos hacernos una pregunta parecida: ¿vamos a sostener los y las trabajadoras del Norte nuestro sistema de pensiones a costa de las posibilidades de desarrollo del Sur? Hay quienes argumentan con datos en la mano que en el estado de bienestar realmente existente la redistribución no se produce de los ricos a los pobres, sino que básicamente se produce entre los diferentes estratos de las clases medias y entre ésta y los sectores excluidos. Y que los más ricos cada vez contribuyen con menos cantidad al fondo común de solidaridad que es el estado del bienestar. De esta manera, a medida que desciende el número de asalariados y crece el de pensionistas, en vez de tratar de buscar mecanismos para que los más ricos –el capital– contribuyan como les corresponde, buscamos atraer a inmigrantes cualificados para que lo hagan, con el efecto que esto puede tener para sus países. Es decir, buscamos solidaridad internacional al revés.
Uno se pasea por el Bilbao del hormigón por doquier y de los escaparates de diseño y se instala irremediablemente en su interior la convicción de que es falso eso de que no hay recursos para sostener la solidaridad intergeneracional. Otra cosa es que quienes más los acumulan menos contribuyan a su mantenimiento. ¿Se acabará convirtiendo esto en la versión actualizada del intercambio de oro por abalorios?
M.G.M./ ALBOAN
