Análisis de actualidad – Marzo 2006 (I)
Que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden es algo en lo que parece que todos y todas estamos de acuerdo. La fuerte subida de los precios ha limitado las posibilidades de amplios sectores de nuestra sociedad, en especial los colectivos más vulnerables como la juventud, tercera edad, familias monoparentales…. Esta problemática es tan simple de explicar como compleja de abordar, debido a la multitud de factores que se entrecruzan. Este artículo quiere aportar pistas para comprender la situación y algunos elementos para nuestra interpelación personal.
Un debate mal enfocado
Últimamente se han generado una serie de debates en torno a la vivienda –algunos no exentos de carácter electoralista – que se dan en todos los niveles de nuestra sociedad.
Desde los diferentes medios de comunicación, pasando por los debates sociopolíticos, hasta llegar a los ámbitos familiares y de grupos de amigos y amigas, se reproducen discusiones y discursos que versan sobre cuestiones tales como: ¿Deben las diferentes administraciones financiar viviendas de protección oficial en régimen de compra fomentando el patrimonio privado de unas pocas personas? ¿Es ético que las viviendas se adjudiquen por sorteos con aires circenses? ¿Deben las cajas de ahorros hacer negocio a costa de una juventud hipotecada? ¿Estamos inmersos en una burbuja inmobiliaria que es a su vez la antesala de una crisis económica sin precedentes? ¿Hay en todos los garajes de las viviendas de protección oficial un AUDI o un BMW aparcado?
Pero estas cuestiones que llenan páginas de periódicos, horas de radio, tardes de tertulia y sobremesas familiares no son más que debates secundarios, que sin dejar de ser importantes, nos alejan de la solución del problema ¿No nos estaremos centrando en atajar síntomas más que en abordar la causa?
¿Es la vivienda un derecho? He aquí la cuestión
El derecho a la vivienda es un derecho per se, recogido y refrendado por todos los grandes documentos y contratos sociales. Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en las diferentes Constituciones y Estatutos, queda recogido el derecho que toda persona tiene a una vivienda digna. En el plano teórico esto parece ser asumido por todas las personas, pero cuando se pasa al siguiente plano, dando un paso en la concreción, se diluye este derecho como tal.
Pongamos que mañana nos ponemos enfermos de gravedad, vamos al hospital y nos dicen que la cama que nos toca está comprada por otra persona que no la usa.
No hay legislación alguna que recoja cómo deben actuar las administraciones para garantizar este derecho para toda la ciudadanía, al igual que no hay documento que recoja cómo cada persona puede reclamar el cumplimiento de este derecho.
Si fuese cierto que es un derecho en toda su dimensión, tal y como lo son la salud o la educación, estaría garantizado el acceso para todas las personas y no tendríamos que pararnos a dar vueltas a debates secundarios. Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación a partir de dos ejemplos:
Pongamos que mañana nos ponemos enfermos de gravedad, vamos al hospital y nos dicen que la cama que nos toca está comprada por otra persona, que no la usa, pero que la tiene vacía por si en algún momento la necesita. Imaginemos igualmente que al ir a matricular a un hijo o hija al centro escolar nos dicen que no podemos hacerlo debido a que alguien ha comprado toda el aula para sus hijos/as y los amigos/as que quieran como compañeros de estudio, aunque no ocupen todos los pupitres. Les invito por un momento a que sinceramente se pongan ante esa situación y se planteen cual sería su reacción…
Estas situaciones son tan implanteables como indignantes y escandalosas en nuestra sociedad. Todas las personas tienen que tener asegurado su acceso a la sanidad y a la educación por ser derechos básicos y universales. Entonces la pregunta es tan simple como obvia: si la vivienda es un derecho básico y universal – como parece que todos y todas afirmamos – ¿debería estar garantizado sin “peros” ni “excusas” para todas las personas? Y si no lo está – tal y como es el caso – o bien es un derecho que está siendo vulnerado, o bien es un derecho que no recibe el reconocimiento social ni el tratamiento de un derecho básico y universal en toda su dimensión.
El punto de partida es el punto de llegada
La base ideológica y teórica que se supone en el punto de partida es la que da y quita sentido a todas las demás cuestiones. Si la vivienda es un derecho básico y universal que ha de estar garantizado para todas las personas, el resto de debates se responden solos:
- La 2ª vivienda: Si hay personas que no tienen asegurada una vivienda, no es lícito que alguien posea dos, como no sería lícito comprar dos plazas en una escuela o una cama que no se necesite en un hospital. En este marco de vulneración de un derecho básico, una segunda vivienda es un lujo y debe ser tratado como tal.
- Viviendas vacías: Una vivienda vacía es asimismo un caso más grave de lo expuesto en el punto anterior. En este punto, esta problemática exigiría una serie de medidas de más hondo calado que la atajasen de raíz.
- Viviendas de Protección Oficial: El parque público de viviendas debería ser garantizado para todas las personas. A partir de ahí, que exista un parque privado de viviendas que funcione de forma independiente es positivo. Al igual que en el campo de la educación y la salud – donde una persona tiene su acceso a una plaza escolar o médica garantizada – si se quiere se puede optar por un centro o un seguro privado.
- Viviendas públicas en propiedad: A nadie le otorgan una plaza en una escuela o un hospital de por vida, ¿por qué habría de ser distinto con la vivienda? Si en un momento la persona o la familia deja de necesitar la vivienda de protección oficial, ¿no es más razonable que la libere para que otras personas puedan beneficiarse? En este contexto ¿no son las viviendas públicas en régimen de alquiler o de cesión una mejor formula?
- El esfuerzo público: Actualmente no hay ninguna administración cuyo peso presupuestario en materia de vivienda supere el 3%. En la mayoría, ni siquiera llega al 1%, mientras que otros derechos como la salud y la educación se sitúan en una horquilla presupuestaria de entre el 25% y el 35%. Con este peso específico en los presupuestos ¿se puede afirmar que el acceso a la vivienda recibe el tratamiento de derecho?
- La intervención de las administraciones: Muchas administraciones han apostado por formulas que eufemísticamente han denominado “imaginativas”, mediante las que alquilan a propietarios sus viviendas a precio de mercado añadiéndoles además un seguro, mientras que las realquilan a precio social. Mediante estas intervenciones ¿quién sale más beneficiado: propietarios/as o inquilinos/as”? Estamos empleando dinero de todos en asegurar las viviendas y precios a unas pocas personas. ¿Es está una solución “social”, eficiente y efectiva, encaminada a garantizar el derecho?
Algunas interpelaciones personales
La pregunta que queda en el aire es tan sencilla como contundente: si a la vivienda no se le da categoría y tratamiento de derecho, ¿qué tratamiento le estamos otorgando?
Cuando a un derecho se le niega el tratamiento que le corresponde, y la intervención pública y social es débil, se deja su devenir en manos del sector privado y de las dinámicas que lo rigen: búsqueda de la maximización del beneficio económico y la resignación social que se deriva de premisas tales como “no hay presupuesto”.
¿Cuántos no invertiríamos en la compra de otra vivienda de cara a obtener beneficio seguro? ¿Cuántos nos hemos informado sobre la composición de las inversiones de los fondos de las entidades financieras?
En esta situación el principal perjudicado es el beneficio social y los colectivos más desfavorecidos, ya que esta dinámica se aprovecha de la condición de necesidad básica y universal de la vivienda. ¿Qué ámbito de defensa tienen los colectivos más desprotegidos? ¿Podrán ellos por sí mismos garantizar su propio acceso?
Pero la espiral ha crecido tanto que, lamentablemente, nos ha envuelto a muchos en su dinámica. ¿Quién no conoce a alguien cercano que ha comprado una segunda vivienda como casa de recreo? ¿Qué les hemos dicho a estas personas sobre este hecho? Si tuviésemos ahora mismo dinero de sobra, ¿cuántos no invertiríamos en la compra de otra vivienda de cara a obtener beneficio rápido y seguro? ¿Cuántos nos hemos informado sobre la composición de las inversiones de los fondos de las entidades financieras? ¿Cuántos devolveríamos una vivienda de protección oficial en el momento que no la necesitásemos?
Estas son las cuestiones que nos encontramos en el punto de llegada y todas ellas encuentran su sentido en el punto de partida: Si el acceso a la vivienda es un derecho básico y universal, si nos lo creemos de verdad con todas sus consecuencias, ¿qué deberíamos hacer como sociedad? Y a un nivel más personal, ¿qué nos toca hacer como miembros de esta sociedad que no nos conformamos ante esta problemática?
La Ley Vasca del Suelo, ¿café para todos?
Anda a vueltas en el Parlamento vasco la Ley Vasca del Suelo, la que se dice es el proyecto estrella de Izquierda Unida. De esta ley se han dicho muchas cosas –muchas de ellas desde ópticas más electoralistas que sociales–, pero para valorar en su plenitud una ley de estas características hemos de analizarla desde su génesis:
El suelo se ha convertido en un bien preciado y caro, sobre todo caro. Esta situación se ha alcanzado debido a la especulación que de él se hace desde el sector público y privado. Cabe destacar que muchos ayuntamientos juegan con el suelo para financiar otras actuaciones e inversiones públicas, lo cual unido a la búsqueda del máximo beneficio por parte de la iniciativa privada, ha desatado la actual burbuja de precios.
Tratando de atajar esta situación se buscaría definir una ley de suelo que garantizase lo siguiente:
- Definir por ley qué porcentaje de suelo habría de ir destinado tanto a Viviendas de Protección Oficial como a Viviendas Sociales.
- Definir igualmente los precios de acceso a las mismas, y si serían valores absolutos o relativos en función de los ingresos.
- Acotar quién es responsable de cada parte del proceso: construcción de vivienda, ordenación territorial…
- Decidir quién es propietario del suelo y plazos de recuperación del mismo.
- Permitir o no la expropiación en materia de vivienda vacía.
En este contexto el Gobierno Vasco a través de Izquierda Unida pone sobre la mesa el Proyecto de Ley Vasca del Suelo que anuncian como ya aprobada al ser pactada con los socios del tripartito y el PSOE, y cuyos principales puntos son los siguientes:
- Se destina tan sólo un 75% del suelo de las periferias urbanas y el 30% del suelo urbano a Viviendas de Protección Oficial, frente a la propuesta de las organizaciones sociales de que alcanzase el 80% del suelo total disponible, sin distinciones, sin dejar abierta una puerta a la creación de ghettos y sin incluir en las mismas las Viviendas de Precio Tasado.
- Queda sin definir además el porcentaje de estas viviendas destinado a Viviendas Sociales. Como contrapartida permite que parte de estas VPOs sean en realidad Viviendas de Precio Tasado, es decir viviendas semi-libres a precios superiores a las VPO pero consideradas, siempre según la ley, como Viviendas de Protección Oficial. Estas salen a precios que rondan los 170.000 € (apróximadamante 30 millones de pesetas), es decir, que con una hipoteca a 30 años se pagaría alrededor de 900 euros por mes (150.000 pesetas).
- Se cede la gestión del suelo dejándola en manos de los ayuntamientos y los planes urbanísticos que cada institución municipal decida, eliminando la petición social de control por parte del Gobierno Vasco.
- Consolida a las Administraciones como propietarias de las Viviendas que las ceden a los beneficiarios por un período de 65 años, tras el cual pasan a recuperarlas (anteriormente era 80 años).
- No se pronuncia en torno a la expropiación de las viviendas vacías ni en materia de modelos de ordenación territorial y su sostenibilidad social y ambiental.
Si bien es cierto que la ley es necesaria para una optimización de la gestión del suelo, los términos en los que ha quedado redactada han sido calificados como de insuficientes por los grupos sociales, mientras que los promotores y todos aquellos que viven del sector inmobiliario la han calificado como de excesivamente reguladora. Estas líneas, junto con los documentos que adjuntamos, pueden servir para que cada cual elabore su propia reflexión y, sobre todo, actúe en consecuencia.
Iban Narbaiza
Miembro de la Plataforma Etxebizitza Guztiontzat
Enlaces de interés
ERAILUR
Asociación de constructores
Para controlar el precio de la vivienda es necesario controlar el precio del suelo
ERAILUR se define como una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los principales agentes del sector de la edificación. Considera en su diagnóstico que el aumento del precio de la vivienda se debe a una defectuosa estructura del mercado: aumenta la demanda mientras existe poca oferta de suelo urbanizable. Desde su perspectiva, la causa principal es la retención especulativa llevada a cabo por los ayuntamientos que han hecho de la recalificación de suelo su principal fuente de financiación.
Estudio del Consejo Vasco de la Juventud
Basándose en datos de EUSTAT y ETXEBIDE, ofrece un diagnóstico sobre la grave situación que la juventud vasca padece para acceder a la vivienda y emanciparse. Mientras los recursos de la población crecen a una media del 3% anual, los precios en el mercado libre, en los últimos 11 años, han tenido un aumento acumulado del 132,5%. Tomando como punto de partida la situación del empleo juvenil, el salario medio, los créditos hipotecarios y los beneficios de las promotoras de vivienda, denuncia que la administración no trata el acceso a la vivienda como un derecho básico y presenta su apuesta decidida por el alquiler social.
Manifiesto de Etxebizitza Guztiontzat-Vivienda para todos/as
La vivienda, un derecho vulnerado
Manifiesto de la plataforma cívica suscrito por asociaciones de vecinos, organizaciones por los derechos sociales, asociaciones de apoyo a inmigrantes, sindicatos y grupos de iglesia. Exigen la orientación del dinero público y el desarrollo del alquiler social como medio para garantizar el acceso universal a la vivienda e impedir la especulación a costa de los recursos públicos.
Editorial Gara
Valoración de la propuesta de ley 21/02/06
El resultado es una ley que dista mucho de los planteamientos que buscan una ordenación que parta de que la vivienda es un derecho y no un negocio, aunque el negocio sea construir viviendas de VPO. Además, se plantean nuevas fórmulas que evidencian el carácter mercantil de algunos ayuntamientos.
Editorial Diario Vasco
Valoración de la propuesta de ley 21/02/06
De hecho, las principales operaciones urbanísticas de futuro en las grandes capitales vascas cuentan como fuentes previstas de recursos el aprovechamiento de terrenos liberados o recuperados. Y es en esta tesitura donde se echa en falta una ley vasca de financiación municipal, con criterios de racionalidad y suficiencia.
