Actualidad

Vivimos en medio de una crisis económica y social sin precedentes. El próximo día 14 de noviembre se ha convocado una huelga general en varios países europeos: España, Portugal,, Grecia, Malta y Chipre; que se verá acompañada de un paro de 4 horas en Italia y de manifestaciones y paros sectoriales en el resto de Europa. Es un momento nuevo, excepcional. Esto nos llama a tener una palabra de reflexión y a animar, una vez más, a la participación ciudadana responsable que pueda transformar las situaciones de injusticia que constatamos nuestro alrededor /……/ Queremos recuperar lo positivo, lícito y pertinente de expresar nuestra disconformidad, de forma individual o colectiva, ante actuaciones y decisiones que suponen una vulneración de derechos, que generan situaciones de mayor exclusión y que eliminan posibilidades de acción organizada. Apostamos también por seguir buscando alternativas económicas y políticas que hagan crecer la equidad y la inclusión de todos y todas en nuestra sociedad. Por ello, como expresión de esta reflexión, las organizaciones del sector social de la Compañía de Jesús en la Provincia de Loyola: Centro Lasa, Alboan, Centro Ellacuria, Loiola Etxea, queremos expresar nuestro apoyo a las personas y colectivos que pacíficamente quieren mostrar su disconformidad con la deriva que está tomando la gestión de la crisis que padecemos. Leer el documento

Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a Inmigrantes). Conscientes de que la inmigración en Euskadi es una realidad estable y positiva, desde Harresiak Apurtuz instamos a los partidos políticos y sus representantes a evitar la visión instrumentalista de la misma que lleva a aceptarla siempre y cuando sea útil y necesaria, como mano de obra o como fuente de ingresos a las arcas públicas. Las personas inmigradas y asiladas son parte fundamental de esta sociedad y merecen tanto el respeto de sus gobernantes como el reconocimiento de los derechos y deberes básicos y fundamentales. Leer todo el texto Ekain 57 proposiciones para el Parlamento Vasco. Ekain es una plataforma que agrupa a 5 redes de entidades de acción social de Euskadi que trabajan en el ámbito de la Inclusión socia: EAPN Euskadi (Red europea de lucha contra la pobrezay la exclusión social en Euskadi), REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), Hirekin (Asociaciónde Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Euskadi), Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del PaísVasco) y Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a Inmigrantes). Castellano

Hace un año, el SJM-España publicaba el cuaderno Superar fronteras. En él se llamaba la atención sobre la necesidad de convertir la mirada para lograr la integración social. Si la sociedad no comprende que la integración es responsabilidad de todos, establece una frontera invisible entre grupos sociales: los que considera autóctonos y los que considera extranjeros, extraños, ajenos. Nueva Documentación SJM sobre el tema de la asistencia sanitaria para las personas extranjeras. Los autores son Josep Buades Fuster SJ, Luís Díe Olmos y Luisa Melero Valdés. Se trata de una serie de consideraciones sobre la restricción de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras residentes de facto en España. Se trata de clarificar conceptos, proporcionar datos sobre residentes extranjeros en situación irregular y hablar de las cuestiones que plantea la reforma de la Sanidad. Leer todo el Artículo

En el marco de la situación de crisis económica y social que vivimos y con motivo de las diferentes movilizaciones sociales organizadas en torno a la convocatoria de huelga general del próximo 29 de marzo, nos parece necesario tener una palabra de reflexión y animar, como siempre lo hacemos, a la participación y a la acción responsable para transformar las situaciones de injusticia, tanto en el futuro más inmediato como en el largo plazo. No nos conformamos… … con el mundo en el que vivimos, consideramos que no es justo y aspiramos a transformarlo con el objetivo de que todas las personas, plenas de dignidad y derechos tengan la posibilidad de decidir el desarrollo que quieren. No nos conformamos… … con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Llevamos años compartiendo experiencia con muchas organizaciones aliadas en diversos lugares del mundo y hemos visto el sufrimiento que han generado las políticas de ajuste económico. /…/ Por ello, como expresión de esta reflexión, las organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús en la Provincia de Loyola hemos decidido cerrar la atención al público en nuestras sedes el jueves 29 de marzo, para facilitar la participación responsable de quien desee hacerlo en las movilizaciones previstas para ese día. Para leer el texto completo

Qué tristeza da una sociedad que para impedir que se excluya al 24% de la población residente de facto de una localidad debe de recurrir a las leyes. Dice muy poco de su base ética. Más triste es aún pensar que la ley pueda respaldar semejante hecho, y si da lugar a ello habrá que reflexionar sobre qué rumbo tomó una norma recién modificada, y cuál es la percepción de la misma, no sólo ya entre la población general, sino lo que es más grave todavía, entre las personas con responsabilidad política y por tanto con repercusión pública en la definición y gestión del bien común. Una primera mirada a los acontecimientos acaecidos en el municipio de Vic nos hace ser conscientes del sentido utilitarista que tenemos de las personas y de la condición  de ciudadanía; en este caso un colectivo de personas ciudadanas a las que ponemos el apellido de “inmigrantes o ilegales”. Intento destacar en primer término que son personas ciudadanas, el apellido inmigrantes es una circunstancia temporal,aunque otra de los aspectos que constatamos es que nadie sabe cuando uno deja de ser inmigrante. En esta sociedad se está dando más importancia a la circunstancia, el hecho de ser inmigrante, que a lo nuclear, ser persona. La circunstancia define la categoría de ciudadanía, y por lo tanto a los derechos y deberes que puedes y debes acceder como ser humano. Si se da la circunstancia de que eres persona – inmigrante – te corresponde ser ciudadano de segunda. Este 24% de la población sólo sobra cuando llegan las vacas flacas, ya no es útil, dejan de ser personas para convertirse en inmigrantes. Hasta ese momento era nuestro vecino, el que cuidaba a mi abuelo, la mujer de la tienda de ultramarinos,mi profesor o profesora… Ahora son los extranjeros inmigrantes, los últimos que han llegado, los ciudadanos de segunda. Personas que en estos momentos de crisis son las primeras que sufren las consecuencias por ser las más vulnerables; personas que han demostrado su capacidad de adaptación al nuevo medio y cultura, personas que han cumplido sus deberes y obligaciones como ciudadanos en la mediada que legalmente se les ha permitido (no es algo que ellos deciden sino la administración) y exigido (como todo ciudadano); son a los que ahora administrativamente no e les quiere ver y para eso qué mejor que cerrarles el acceso al empadronamiento (aunque ya se haya planteado que no es posible y la ley no lo permite, me preocupa el hecho, el que se haya llegado a plantear). Cerrar el acceso al empadronamiento supone administrativamente negar la existencia de esas personas y vecinas. Es mentir, cerrar los ojos,pero sólo cuando interesa desde esa comprensión utilitarista de las personas. Genera indefensión, desconfianza en la administración que es capaz de categorizar colectivos en situación de vulnerabilidad para poder excluirlos y desde luego preocupación por saber, en el próximo período de vacas flacas, qué “apellido” de colectivo, como por ejemplo “discapacitado” o “alzheimer”, será propuesto como chivo expiatorio para poder gestionar la crisis sin tener que hacer política con mayúsculas. Porque nadie dijo que gestionar el bien común en tiempo de crisis fuera tarea fácil o simple, pero tampoco en ningún sitio está escrito que situaciones complejas puedan gestionarse de manera tan  simple, tan poco política, y  tan excluyente. Esperemos que a partir de esta situación podamos reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, donde todos podamos participar en igualdad de condiciones, los derechos y deberes sean iguales para todos, y los servicios sociales desarrollen herramientas que protejan efectivamente a los más vulnerables, a través de una administración que nos vea como personas sin apellidos.

Este relato corresponde al viaje que, desde Congo Kinshasa hasta Ceuta, empeña por más de una año a Kiadi, un amigo del Centro Ellacuría, vecino del bilbaíno barrio de San Francisco. Xabier Zabalo, compañero jesuita y residente por más de cuarenta años en dicho país africano, escucha durante muchas tardes la historia en lingala y la va traduciendo al castellano. De acuerdo con su amigo Kiadi, en el intento de sensibilizar sobre el drama humano que supone el viaje a Europa para muchas personas como él, Xabier Zabalo nos ofrece un relato vivo, documentado, real y a la vez respetuoso y digno. Se trata de veinte páginas a doble cara, con algunas fotos y gráficos que documentan el viaje de Kiadi y sus compañeros, y que esperamos sean leídos con la misma sensibilidad y respeto con que Xabier escuchó el relato y lo escribió para nosotros y nosotras. El archivo de pdf puede ser reproducido y utilizado en la sensibilización de grupos y comunidades, así como en la lectura serena que nos acerca a sus protagonistas. Viaje de Kiadi Si la lectura de este relato suscita comentarios o comunicaciones, los esperamos en info@centroellacuria.org.   Muchas gracias.

Miradas tras las rejas Informe de Pueblos Unidos sobre el CIE de Aluche en 2011 En el 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días, y el 53% de las personas internadas finalmente son expulsadas. Por segundo año consecutivo, la ONG jesuita Pueblos Unidos ha presentado esta mañana su Informe Anual sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el que busca poner de manifiesto y mejorar la terrible realidad que se vive en los CIE de España y, más concretamente, en el de Aluche (Madrid). Durante el año 2011 Pueblos Unidos ha mantenido un equipo de personas voluntarias dedicadas a apoyar, diariamente y de manera estable, a las personas internadas en el CIE de Madrid lo que ha permitido visitar a lo largo de todo el año a  248 internos, realizando un total de 1.049 visitas. Este número supone algo más del 7% del total de las personas internadas, que en lo que llevamos de año 2011 asciende a un total de 3.432. Fruto de este trabajo constante, silencioso y abnegado, es el presente informe, que se divide en dos secciones: ¿Qué ocurre tras las rejas? que analiza con detalle las condiciones de vida en el CIE de Aluche y las principales quejas manifestadas por los propios internos. ¿Quién está tras las rejas? que presenta “Doce miradas sobre doce vidas rotas”, testimonios recogidos por diversos profesionales: los escritores jesuitas Pedro Miguel Lamet y Norberto Alcover; los periodistas de radio Minerva Oso (RNE), Nicolás Castellano (SER) y Noelia Vizcarra (RAI); los periodistas de prensa escrita Daniel Ayllón (Público), Pedro Simón y Olga R. Sanmartín (El Mundo); y los escritores de medios especializados Lydia Molina (Peridismo Humano), Fran Otero (Vida Nueva), África González (Mundo Negro) y José Luis Palacios (Noticias Obreras).   El informe constata la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a la gestión del CIE, detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos. Algunos de los principales puntos que se desarrollan en el documento presentado esta mañana son: De las 248 personas visitadas, se han detectado 173 situaciones de particular vulnerabilidad, como por ejemplo: personas enfermas o con menores a su cargo, mujeres embarazadas, internos que no entienden el idioma y no comprenden su situación jurídica ni qué hacen allí. En torno al 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días; siendo el 53% de las personas internadas finalmente expulsadas. Por tanto, en palabras del jesuita director de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza: “Para el 60% de los que están entre 40-60 días finalmente no se ejecuta su expulsión. Eso significa que el sistema, además de inhumano, es ineficaz, porque no cumple el objetivo para el que estaba pensado; si la policía y el gobierno saben que no va a poder expulsar a una persona, no deberían internar a esa persona. Esto solo genera más sufrimiento y más miedo”. A lo largo del año, Pueblos Unidos ha presentado 24 quejas ante distintos órganos de control de los CIE, lo que supone, como media, una situación susceptible de sospecha, cada 15 días. Las agresiones denunciadas se centran sobre todo en los traslados y las estancias en Barajas de los internos cuando se les intenta expulsar del país. Dos años después de la publicación de la Ley de Extranjería (LOEX) aún NO SE HA PUBLICADO EL REGLAMENTO sobre los CIE que se constata con la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a su gestión detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos. Desde la experiencia de Pueblos Unidos el CIE de Madrid recoge personas de distintos puntos de la península y eso dificulta mucho a esos internos las visitas y la comunicación con su entorno. A los internos no se les explica bien por qué están ahí. La arbitrariedad en la gestión del internamiento genera muchas situaciones de sufrimiento innecesario. Hay problemas de higiene y alimentación. El acceso a los baños está restringido por las noches: tienen que orinar en los lavabos de los módulos donde duermen seis u ocho personas en literas o hacerlo en una botella. Antes  tenían que llamar a gritos si querían algo por las noches, ahora, por lo menos, hay un interfono pero la policía no acude. En palabras de Cristina Manzanedo, abogado de Pueblos Unidos:  “Si el CIE no es una cárcel, ¿por qué se gestiona como si lo fuera? En la cárcel eres una persona; en el CIE eres un número”. La gestión de los CIE depende del Ministerio del Interior y se centra en aspectos de control y seguridad y no en las condiciones de vida de los internos. Hay falta de formación en el cuerpo nacional de policía del centro; quejas por trato vejatorio y racista a los internos y a sus familiares. En el CIE hay miedo a la policía y a otros internos, porque están mezclados los detenidos solo por situación irregular con gente con condenas penales. En el CIE no se dan los castigos personales sino que los castigos son generalizados; cuando hay problemas se llama a los antidisturbios; se registran las habitaciones; hay restricciones a la comunicación con la calle.  Se les retira le móvil nada más entrar y si no sabes de memoria los números de teléfono estás perdido. Se producen numerosos conflictos para acceder a las cabinas telefónicas… Las visitas se hacen a través de un locutorio con mampara y teléfono lo que da una sensación carcelaria.   La rueda de prensa concluyó con el testimonio de Marius Tonnang, un camerunés que estuvo 53 días internado en el CIE de Aluche. Como él mismo explicó: “Llevaba 6 años en este país cuando me internaron, yo no mato, no robo”. Y explicó algunos de los padecimientos dentro del centro: “El abogado de oficio no te deja su teléfono, el médico solo sabe de paracetamol e ibuprofeno, la gente sufre, llora…estamos mezclados con gente que está mal de la cabeza, nos tratan como animales; los policías te insultan”. Con el trabajo recogido […]

Los jesuitas del apostolado social exigen un impulso a las políticas sociales de cara a la próxima legislatura. “La crisis económica no puede utilizarse como excusa para  reducir prestaciones” Aportan propuestas concretas en materia de exclusión social, inmigración, cooperación internacional y fiscalidad. Desde su experiencia con colectivos de excluidos de nuestra sociedad y su amplio trabajo en cooperación internacional al desarrollo, los jesuitas del sector social presentan hoy en un documento sus reflexiones y propuestas de mejora de las políticas sociales. De cara a la próxima legislatura quieren contribuir al debate público y a la reflexión compartida por distintos actores sociales, políticos, económicos y religiosos. Más concretamente, formulan siete propuestas básicas para una revisión de las políticas sociales en su conjunto, desarrollándolas en cuatro áreas: Lucha contra la exclusión social (especialmente de jóvenes y menores) En este campo proponen gran pacto para la inclusión social, en el que se recupere la persona como sujeto del desarrollo y de la atención social, potenciando las capacidades de las mismas, favoreciendo su “empoderamiento”, escuchando su voz y aportándoles los recursos necesarios para reducir su vulnerabilidad. Señalan que la mejor medida de inclusión es la creación de empleo y subrayan que “la crisis económica no puede utilizarse como excusa para  reducir prestaciones, sino que, al contrario, debe ser ocasión para reforzar el colchón social de apoyo a las personas más vulnerables”. Más concretamente solicitan: Que a lo largo de la legislatura el porcentaje de gasto en protección social –que en España se sitúa actualmente en torno al 22%– alcance la media europea, es decir, el 27% del PIB. Que a lo largo de la legislatura se llegue a dedicar un 0,4% del PIB anual a la lucha contra la exclusión social; es decir, duplicar el porcentaje actual y acercarse así a la media europea. Implantar un sistema universal de garantías de rentas mínimas que potencie, reformule y coordine el actual, que es demasiado fragmentado, poco desarrollado y muy restrictivo. Medidas concretas que favorezcan la incorporación al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión. Y para ello, desarrollar plenamente la Ley de Empresas de Inserción y dotarla de medios. Para lograr el derecho de acceso a la vivienda sugieren: penalizar la vivienda vacía, incentivar fiscalmente el alquiler antes que la propiedad y la rehabilitación antes que la obra nueva; o introducir la figura de la dación en pago. Inmigración En sus propuestas en materia de inmigración subyacen dos ideas clave: no subordinar la política migratoria a la situación del mercado laboral y considerar la inmigración no como un fenómeno coyuntural, sino como una característica estructural de nuestra sociedad. Entre otras cosas, destacan estas ideas: En materia jurídica: La verdadera puesta en práctica del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2011-2014), del que se congratulan. Y, a pesar de las limitaciones y deficiencias de la actual Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (reformada en diciembre de 2009), piden que en la siguiente legislatura no se emprenda una nueva reforma, sino que se desarrollen las disposiciones de la actual ley y su reglamento. Ponen atención en cómo las trabas administrativas salvables para empadronarse, “supone dejar personas en situación de invisibilidad y de completa exclusión social y económica, mermando su derecho a la salud y a la educación”. Ante la situación de desempleo creciente, se busquen alternativas para procesos largos de integración y regularización que se truncan por causa del paro que dificulta renovar la autorización de residencia temporal. Los baremos económicos exigidos para la reagrupación familiar no pueden convertirse en una regulación restrictiva y, mucho menos, en una barrera encubierta que, de hecho, la impidan. Mientras existan los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), resulta necesario que el nuevo gobierno apruebe, de modo urgente y en consulta con la sociedad civil, un Reglamento de CIE. Cooperación internacional Existen 1.400 millones de personas que viven con menos de 1 euro al día, y esta cifra  aumenta en 100 millones al año desde que las crisis alimentaria, financiera y económica estalló. La solidaridad internacional es una respuesta responsable de una ciudadanía comprometida con la fraternidad universal en época de globalización. Los jesuitas del apostolado social proponen: Mantener el 1,4% del presupuesto de gasto del Estado para cooperación internacional. Impulsar significativamente la puesta en marcha de nuevos mecanismos de financiación del desarrollo, como por ejemplo la tasa a las transacciones financieras. Asegurar que la Cooperación Española y todos sus recursos, estrategias y planes, respondan al objetivo central de la lucha contra la pobreza, eliminando, por ejemplo, la utilización de fondos de cooperación para financiar acciones de control migratorio y la concesión de Ayuda a los países condicionada a este fin. Poner en marcha una reforma estructural del sistema de cooperación, de mejora de los sistemas de gestión y de innovación en los instrumentos y sus métodos de funcionamiento. Apoyar la cooperación al desarrollo descentralizada y la alianza estratégica con las ONGD. Fiscalidad Según los jesuitas del apostolado social, “la misma política fiscal ha jugado y juega un papel relevante tanto en el origen de la crisis como en su gestión” y por tanto demandan: Una mejor gobernanza de las políticas sociales, con una mayor participación de la sociedad civil en su diseño, puesta en práctica, seguimiento y evaluación. Una mejor gestión de los recursos públicos, aumentando los niveles de eficiencia. Aconsejan, para ello, “medidas de contención del déficit basadas en la racionalización del gasto público y no en el recorte de las partidas destinadas a la integración social, la educación, la sanidad y la solidaridad”. Y, más en concreto, defendiendo una fiscalidad progresiva que permita mejorar la cohesión social y responder a la crisis desde la solidaridad, proponen: La unión fiscal europea en materia de impuestos directos. Impulsar un sistema fiscal verdaderamente progresivo, con medidas convergentes, como por ejemplo: modificar el IRPF generando nuevos tramos e integrando las rentas de capital en la base general; reformar el Impuesto de Sociedades, reduciendo el abanico de deducciones y exenciones de que gozan las empresas […]

Ante la ponencia de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social que se ha presentado el pasado 12 de septiembre en el Parlamento Vasco,   La Red de Redes – Sareen Sarea denuncia la situación de desprotección social a la que se ve abocada una parte importante de la ciudadanía Con la excusa de una optimización del sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de la solidaridad en tiempos de austeridad, se ha introducido un cambio fundamental en el espíritu de la Ley aprobada en 2008 con un amplio consenso político; que pasa de ser una apuesta por la protección y las garantías sociales, a ser un elemento de criminalización de la pobreza. Se han  incrementado los requisitos de entrada y permanencia de las familias y las personas en el sistema de protección social de Euskadi, atendiendo a criterios de eficiencia y economía presupuestaria, sin entrar a valorar las situaciones globales que afectan a quienes están solicitando tal prestación. Desde los colectivos sociales que forman parte de la Red de Redes – Sareen Sarea se reconoce y comparte el esfuerzo por optimizar la asignación económica entre las familias y personas que más lo necesitan; sin embargo, la Red de Redes expresa su más rotundo rechazo ante cualquier intento de limitar los derechos sociales. Desde hace más de un año, las personas y familias que reciben la Renta de Garantía de Ingresos han tenido que ir ajustándose a las modificaciones introducidas por las diferentes Administraciones, para la consecución y mantenimiento de la prestación. Hasta ahora, las restricciones para el acceso a la RGI eran numerosas; sin embargo se pretende, además: requerir empadronamiento de como mínimo 3 años en un municipio vasco; o vida laboral de 5 años si se tiene un año de empadronamiento, pero menos de 3. No se podrá rechazar ni un solo empleo “adecuado” (¿para quién?); y estar disponibles para hacer trabajos a la comunidad. Denuncia desde la Red de Redes – Sareen Sarean   Desde la Red de Redes – Sareen Sarean se denuncia la precarización y situación de indefensión en la que se deja a un grupo muy importante de la ciudadanía vasca que no cuenta con posibilidades de tener una vida digna; sin sustento económico total o parcial para hacer frente a los gastos más cotidianos. No es admisible que la Sociedad Vasca , en la que el Estado de Bienestar y los sistemas de protección social han sido pioneros y modelos a seguir durante décadas, se vean ahora en retroceso flagrante por un acuerdo político. Ante el más que posible recrudecimiento de la pobreza y siendo de una gravedad excepcional la propuesta planteada en el Parlamento Vasco, EXIGIMOS al Gobierno Vasco y los partidos políticos que están representados en él: RETIRAR el pacto suscrito y desechar la idea de aumentar los años de empadronamiento para acceder a la prestación social de la RGI. Toda familia y persona en situación de vulnerabilidad tendría que ser atendida por el sistema. DECLINAR la idea de que las personas perceptoras de la RGI tengan que aceptar el primer empleo que se les ofrezca, bajo la subjetividad de la palabra “adecuado”. Habrá que estudiar las situaciones particulares y permitir el derecho de la trabajadora y el trabajador, a negociar sus condiciones laborales. RENOVAR Y AUMENTAR las ofertas de mejoramiento y formación profesional, en vez de establecer planes y programas complementarios de trabajos comunitarios. INCORPORAR a trabajadores y trabajadoras sociales al sistema de tramitación de la RGI, especialmente en lo que concierne al estudio de la solicitud. Del mismo modo, desde la Red de Redes – Sareen Sarea se reiteran las siguientes exigencias: AMPLIACIÓN de las unidades de convivencia susceptibles de recibir las ayudas por vivienda. INCLUSIÓN de las personas menores de 23 años como destinatarias de la prestación. Desde la Red de Redes – Sareen Sarea y las entidades sociales que la conforman se aboga por una sociedad garantista, porque estamos hablando de DERECHOS SOCIALES. REDES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI DE INTERVENCIÓN SOCIAL NO LUCRATIVA: Fekoor – Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia Federpen – Federación Territorial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Álava, Gipuzkoa y Vizcaya Fevas – Federación Vasca de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual Harresiak Apurtuz – Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes Eapn Euskadi – Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi Hirukide – Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi Once / Edeka – Organización Nacional de Ciegos Españoles Fedeafes / Edeka – Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Lares – Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi Hirekin / Gizardatz – Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social en Euskadi Reas – Red de Economía Alternativa y Solidaria Gizatea – Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco Ehlabe – Portal Vasco de Empleo para Personas con Discapacidad Para más información: Eapn Euskadi 944161884 / Harresiak Apurtuz 944150735

Los y las jóvenes participantes en la Experiencia Magis 2011 organizada por la Fundación Ellacuría, la Universidad de Deusto y el Colegio de Jesuitas Indautxu, procedentes de países como Alemania, Kenia, USA, Taiwan, Congo, Marruecos, Georgia o Argelia, se posicionan a través de este Manifiesto elaborado al final del Campo de Trabajo celebrado los pasados días 8 al 15 de agosto en Bilbao. Migraciones económicas, refugio y asilo, minorías, diversidad cultural y pluralismo religioso… vivdo en una auténtica experiencia de intercambio y aprendizaje mutuo. Descarga el texto